Adrián Lebrón desmitifica el expediente contra Gonzalo Castillo y revela presiones de la administración Trump ante el «lawfare» local
SANTO DOMINGO,RD.- En una reciente entrega del programa Visión RDN, conducido por Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz, el destacado abogado y comunicador Adrián Lebrón ofreció un pormenorizado análisis sobre el giro judicial en el caso del exministro Gonzalo Castillo. Lebrón afirmó que la reciente decisión judicial que desestima los cargos contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) confirma que el proceso no fue más que un montaje político instrumentado a través del lawfare o guerra jurídica. Sostuvo que el actual gobierno de Luis Abinader, ante la imposibilidad de superar con ejecutorias el legado de políticas públicas de la gestión de Danilo Medina, optó por el camino del descrédito mediático para inhabilitar a sus principales adversarios y viabilizar su permanencia en el poder.
El espectáculo de la mediatización y la reivindicación de los perseguidos
El jurista explicó que la estrategia de la guerra jurídica aplicada en el país priorizó el espectáculo mediático y la destrucción del imaginario colectivo de la oposición por encima de la solidez técnica de los expedientes. Como ejemplo de esta dinámica, citó el caso del exdirector de la Central Electoral del PLD, Hidalgo, quien fue arrestado en horas de la madrugada bajo un despliegue parafernálico y posteriormente descargado de toda responsabilidad penal por los tribunales. Lebrón criticó que mientras se humillaba a figuras específicas para alimentar el debate en las redes sociales mediante consignas prefabricadas, las autoridades del Ministerio Público aplicaron un trato marcadamente dócil e informal frente a otros exfuncionarios de la actual administración vinculados a irregularidades financieras de mayor envergadura.
El metamensaje de la embajadora Francil Campo y el fin de las visas selectivas
Durante el diálogo con Lara, el analista destacó la trascendencia de las recientes declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Francil Campo, y la posterior restitución del visado norteamericano a Gonzalo Castillo. Lebrón subrayó que la diplomática, caracterizada por su formación en inteligencia estratégica y su alineamiento con el pensamiento de derecha del presidente Donald Trump, dejó en claro que la delegación extranjera no permitirá la utilización de los visados como mecanismos de extorsión o chantaje político local. Afirmó que esta postura marca una ruptura radical con la gestión previa de la administración demócrata, la cual permitía que estamentos locales instrumentalizaran la cooperación de agencias internacionales como la DEA para castigar de manera discrecional a los cuadros dirigentes de la oposición.
El interrogatorio de Mimilo Jiménez y el financiamiento lícito de campaña
El analista político instó a los creadores de opinión pública a desvincularse de la retórica de las redes sociales y a profundizar en la lectura del expediente acusatorio, revelando datos contenidos en los documentos del propio Ministerio Público. Lebrón detalló que en las declaraciones formales de los delatores del proceso, específicamente en el testimonio de Mimilo Jiménez, se hizo constar que los fondos de campaña cuestionados fueron distribuidos tanto a la estructura de Gonzalo Castillo como a la del actual mandatario Luis Abinader. Argumentó que el órgano persecutor incurrió en una flagrante Selectividad Penal al procesar al candidato peledeísta bajo el cargo de financiamiento ilegal de campaña, mientras omitió investigar al sector oficialista a pesar de que el empresario Ángel Lockward testificó haber entregado capitales lícitos de forma directa al partido de gobierno.
La primicia del subsecretario de Estado y el chantaje de la Fuerza del Pueblo
Finalmente, Lebrón lanzó una primicia internacional al revelar que el subsecretario de Estado norteamericano condicionó su agenda oficial en el Palacio Nacional al esclarecimiento definitivo de la situación jurídica de Castillo. Según fuentes certificadas del analista, la delegación de Washington se negó a concretar la reunión bilateral con el mandatario dominicano hasta tanto no se emitiera un dictamen apegado a derecho que desmantelara el «mamotreto» de las 12,000 páginas sin sustento fáctico llevadas ante la jueza. Concluyó que este dictamen representa un duro revés tanto para el gobierno como para la facción liderada por Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, cuyo plan original consistía en prolongar la judicialización de Castillo hasta el año 2028 para evitar el resurgimiento electoral de la estructura política del PLD.
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