Castillo Salas ve miembros Cámara Cuentas han cometido prevaricación

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SANTO DOMINGO, RD .- El expresidente de la Cámara de Cuentas doctor Máximo Castillo Salas, apoyó la investigación que lleva a cabo el ministerio público a los actuales integrantes de ese órgano y mostró extrañeza de que los fiscales no hayan incluido el delito de “prevaricación”.

El también aspirante a volver al cargo manifestó que ese es el delito más grave que han cometido los actuales miembros del órgano fiscalizador.

Entrevistado en el programa Propuesta de la Noche por Digital 15, dijo que se trata de un delito bien explicado en el artículo 166 del Código Penal. “Habla del Crimen cometido por en el ejercicio de sus funciones por cualesquier funcionario público”, agregó.

Destacó que la Procuraduría General de la República no solo se ha empeñado en una investigación “muy acentuada y profunda”, sino que, además, ha recibido el apoyo de un miembro de la Cámara de Cuentas que le ha suministrado informaciones fundamentales para que pueda llegar a un sometimiento crucial”.

Para Castillo Salas la entidad ha estado afectada en estos últimos años por un elemento de falta de voluntad política que ha impedido que sus integrantes realicen su trabajo con efectividad.

“Hemos visto a través del tiempo que las personas que han sido designadas en la Cámara de Cuentas para hacer su trabajo han obedecido a ciertos criterios de índoles políticos que no les han permitido tener independencia”, dijo.

Aunque Castillo Salas no la mencionó por su nombre, se refiere a la doctora Margarita Melenciano Corporan, quien ha denunciado que la Cámara de Cuentas cometió “graves irregularidades” en el proceso de investigación especial practicado a las obras del Ministerio de Obras Públicas, construidas por la empresa brasileña Norberto Odebrecht entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.

Recientemente la miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano Corporán, ha denunciado que la misma cometió “graves irregularidades” en la investigación de las obras del Ministerio de Obras Públicas, construidas por la Odebrecht entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.

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